Cinismo con fondos públicos: mientras la extorsión avanza, el gobierno financia su impunidad

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Autora:S Danae Rivas
Congreso uso los fondos públicos para sus propios intereses

En un país donde la inseguridad ha dejado de ser noticia para convertirse en una cruda rutina, mientras miles de ciudadanos viven atemorizados por la extorsión, robos y balaceras el Congreso de la República - los que en teoría son la representación del pueblo -he decidido priorizar otra urgencia, su urgencia: la defensa legal de sus propios miembros investigados por corrupción y actividades ilícitas.

Según el acuerdo N.º 123-2024-2025/MESA-CR aprobado por la Mesa Directiva (Congreso de la República del Perú, 2025), se le permite a cada parlamentario usar 8 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) siendo S/42,800 para costear abogados particulares y defensa legal en sus procesos penales por corrupción. ¿Y cuál es la fuente de ese dinero? Del dinero público que; en teoría, su uso debería garantizar el bienestar de la población.

Este acuerdo se ampararía en un supuesto derecho a la defensa usando de forma indebida la Ley Servir, un marco normativo destinado a funcionarios públicos con funciones ejecutivas, lo cual no incluiría a los legisladores, los representantes políticos y congresistas ya que no ejercen funciones de esa naturaleza.

En otras palabras, han distorsionado la ley para protegerse con dinero público, como si fueran víctimas y no los responsables de los crímenes que han cometido. La legitimidad del Congreso como institución que debería velar por el bien común es cada día más lejano, se ha convertido en un espacio donde el interés particular supera cualquier deber político, donde la defensa de privilegios es más urgente que enfrentar el crimen organizado y garantizar derechos fundamentales.

El Congreso distorisiona las leyes a su beneficio personal

Algunos de los parlamentarios que podrían verse favorecidos por esta disposición están involucrados en investigaciones emblemáticas. Tal es el caso de Hilda Portero, acusada de participar en una organización criminal, así como el tráfico de influencias a favor de Pedro Castillo durante las elecciones en 2021 y Kelly Portalatino, quien afronta procesos fiscales por malversación de fondos y negociación incompatible cuando se desempeñó como ministra de Salud (La República, 2025).Paradójicamente, los congresistas implicados han declarado públicamente desconocer el contenido del acuerdo de la Mesa Directiva del Congreso que les permite financiar su defensa con dinero del Estado.

Especialistas en derecho parlamentario y organizaciones como Proética señalan que “el uso de indebido de los recursos públicos por parte de los que se supone que son los “representantes del pueblo” en los poderes del Estado debilita la confianza ciudadana en las instituciones vulnerando el principio de igualdad ante la ley y los derechos fundamentales de los ciudadanos (Proetica, 2018).

El uso de recursos públicos para financiar la defensa legal de congresistas investigados representa un riesgo para la institucionalidad democrática, pues podría consolidar mecanismos de protección indebida frente a procesos penales. Esta práctica no sólo debilita los principios de igualdad ante la ley y transparencia, sino que también podría fomentar privilegios indebidos en detrimento de la confianza ciudadana en el sistema de justicia.

En un contexto donde los ciudadanos luchan diariamente por su seguridad y supervivencia, el Congreso parece concentrar sus esfuerzos en evitar la rendición de cuentas.Ante esta situación, la ciudadanía debe manifestar su rechazo con claridad y firmeza. Resulta indispensable exigir transparencia, responsabilidad política y una reforma profunda del Congreso de la República. No es aceptable que, mientras la delincuencia se impone con impunidad en las calles, nuestros representantes destinen recursos públicos a su propia protección frente a posibles actos de corrupción. Esa distorsión del poder no puede, ni debe, normalizarse.

Fuentes