Crisis del sistema de justicia en el Perú: Entre la pérdida de autonomía y la pugna por el poder (2024–2025)

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Autor: Camila Trujillo
Palacio de Justicia

I. Introducción

El Perú, desde hace varios años, enfrenta un proceso sostenido de debilitamiento institucional. Los reiterados escándalos de corrupción, que involucran a funcionarios de los tres poderes del Estado, han profundizado una sensación generalizada de deterioro del sistema público. En este contexto, la crisis del Ministerio Público (Fiscalía de la Nación) y del Poder Judicial se erige como uno de los síntomas más evidentes de este declive. Dado que, ambas instituciones, llamadas a salvaguardar la legalidad y la justicia, han resultado comprometidas en disputas internas, cuestionamientos éticos y presiones políticas que han terminado por socavar su legitimidad.

II. Origen y desarrollo de la crisis en el Ministerio Público

En este contexto, el Ministerio Público se ha convertido en el epicentro del conflicto institucional debido a la pérdida de su autonomía y objetividad, principios fundamentales de su labor.

La crisis se agudizó tras la destitución de Patricia Benavides como fiscal de la Nación en mayo de 2024, luego de que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) la sancionara por presuntos actos irregulares, entre ellos la manipulación de fiscales y el uso indebido del cargo (Plataforma del Estado Peruano, 2025). Sin embargo, en junio de 2025, la propia JNJ “declaró la nulidad de oficio” de dicha destitución y ordenó su reposición, lo que desató un enfrentamiento sin precedentes dentro de la institución.

Dos facciones reclamaron simultáneamente la jefatura del Ministerio Público: una de ellas, encabezada por Patricia Benavides, restituida por la JNJ, y la otra, por la fiscal interina Delia Espinoza, designada tras la remoción inicial. La situación generó tensiones adicionales con el Congreso y el Ejecutivo, que acusaron a la JNJ de actuar con “inestabilidad y arbitrariedad”.

En la práctica, este conflicto paralizó el funcionamiento del Ministerio Público e interrumpió el avance de investigaciones clave, al impedir que cualquiera de las dos fiscales ejerciera plenamente sus funciones. Este escenario mostró que el MP, en lugar de operar como ente autónomo, se encontraba fragmentado y politizado, debilitando su rol como garante del orden constitucional.

2 contra partes

III. El Poder Judicial: entre la deslegitimación y la presión política

El Poder Judicial (PJ) tampoco ha logrado mantenerse al margen de esta crisis. Aunque en los últimos años se han impulsado esfuerzos por sanear la institución desde el caso “Los Cuellos Blancos del Puerto” —que expuso una red de tráfico de influencias en las altas esferas judiciales y en el 2018 se reveló un sistema de favores e influencias entre magistrados, abogados y políticos— estos avances se han visto comprometidos por las recientes decisiones judiciales.

Decisiones como la anulación, por parte del Tribunal Constitucional, de sanciones impuestas a magistrados (jueces y fiscales) reavivaron las sospechas sobre la falta de transparencia y eficacia de los mecanismos de control disciplinario. A esta situación se añaden los vacíos institucionales derivados de los retrasos en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) para nombrar jueces supremos y presidentes de cortes.

Sumado a ello, las sentencias contradictorias en casos políticos, como procesos de corrupción o medidas cautelares contra congresistas y exfuncionarios, refuerzan la percepción de parcialidad. En conjunto, estos factores consolidan una imagen del Poder Judicial como un órgano vulnerable a intereses externos, más cercano al campo de disputa política que a su papel de árbitro imparcial dentro del Estado de derecho.

IV. Intervención del congreso y los intentos de reestructuración

El Congreso de la República ha aprovechado este escenario de desconfianza para impulsar reformas que pueden vulnerar la independencia judicial, muchas de las cuales han sido criticadas como intervencionistas:

En 2024 se presentó el Proyecto de Ley Constitucional N.° 8040/2023-CR. La propuesta proponía declarar en reorganización a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y al Ministerio Público, cesando a sus integrantes y reemplazándolos por una comisión transitoria designada por el propio Parlamento bajo el argumento de “restaurar la legitimidad del sistema de justicia”, lo cual fue percibido como una intervención directa que socava la autonomía judicial.

congreso

En 2025, se impulsaron nuevos proyectos de reforma constitucional que planteaban declarar en “emergencia” al Ministerio Público para permitir la destitución de su cúpula y la creación de juntas reorganizadoras temporales, así como una reforma estructural del sistema de justicia orientada a establecer un “Sistema Nacional de Justicia” y una Escuela Nacional de la Magistratura encargada de la formación y evaluación de jueces y fiscales.

Aunque estas iniciativas fueron justificadas como intentos de recuperar la legitimidad del sistema de justicia, diversos sectores académicos y organismos como la Defensoría del Pueblo y la CIDH señalaron que, en realidad, han generado una mayor injerencia del poder político sobre los órganos judiciales y fiscales, profundizando la crisis de independencia institucional.

V. Efectos sobre la crisis institucional general

En esta línea, la crisis en el Ministerio Público y el Poder Judicial ha profundizado la inestabilidad política del Perú por diversos motivos:

Desacredita la lucha anticorrupción:

La falta de autonomía y la creciente politización de la Fiscalía han paralizado el avance de investigaciones clave, como los casos Lava Jato, Los Cuellos Blancos del Puerto, los aportes ilegales a campañas políticas y las denuncias por violaciones de derechos humanos, en los que se encuentran implicadas diversas autoridades y figuras públicas.

Reduce la confianza ciudadana:

Según encuestas del Instituto de Estudios Peruanos (IEP, 2025), más del 70% de la ciudadanía no confía en el Poder Judicial ni en el Ministerio Público, y un 90% considera que las instituciones actúan con motivaciones políticas.

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Erosiona la legitimidad institucional:

Sin justicia independiente, las elecciones de 2026 se desarrollan en un contexto de sospecha y descrédito institucional, donde la ciudadanía percibe que ningún poder del Estado es imparcial. Esto alimenta el desinterés, la protesta callejera y el riesgo de que algunos candidatos capitalicen el malestar (“mano dura” frente a la impunidad).

Conclusiones

La actual crisis del Ministerio Público y del Poder Judicial no es un hecho aislado, sino parte estructural de la erosión de la institucionalidad democrática peruana.

La lucha por el control del sistema de justicia refleja la pugna entre poderes por mantener o ampliar su influencia política. Mientras el Congreso impulsa reformas que amenazan la autonomía judicial, el Ministerio Público y el Poder Judicial permanecen divididos internamente, sin liderazgos legítimos ni capacidad de respuesta ante la ciudadanía.

El resultado es un Estado debilitado, donde las instituciones encargadas de impartir justicia han perdido su autoridad moral y funcional, y donde la percepción de impunidad y manipulación política alimenta la desconfianza generalizada.

Fuentes