Del voto a la confianza: El Perú necesita una democracia fiduciaria en lugar de una meramente representativa

Autor: Mishel

I. Introducción

El rol de la política en un país con una historia marcada por la inestabilidad como el Perú, exige una reflexión profunda. ¿Puede acaso existir un gobierno sin política? ¿Y qué es, en realidad, una política sin conflicto? El caso peruano nos obliga a repensar estas preguntas desde sus propias cicatrices.

En las últimas décadas, el país ha experimentado una profunda crisis de legitimidad democrática, donde la desconfianza ciudadana hacia las instituciones ha alcanzado niveles alarmantes. Vacancias presidenciales exprés, congresos con mínima de aprobación y partidos sin arraigo real revelan un modelo político crónicamente desconectado de las aspiraciones populares.

En este escenario, la democracia representativa tradicional —sustentada en elecciones periódicas y la delegación de poder— se muestra evidentemente desgastada, incapaz de forjar una relación de confianza duradera entre representantes y representados.

Ante este escenario, el presente ensayo sostiene que el modelo de representación actual resulta insuficiente para afrontar los desafíos democráticos del Perú contemporáneo. Frente al colapso de la legitimidad institucional y el evidente desapego ciudadano, el país necesita transitar hacia una democracia fiduciaria. En ella, los representantes asumen no sólo una delegación formal de poder, sino un encargo ético fundado en la lealtad, la rendición de cuentas y la responsabilidad pública.

Esta propuesta no busca sustituir la democracia representativa, sino que aspira a complementar y fortalecerla, dotándola de un contenido más profundo y verdaderamente comprometido con el bien común. Así, el ensayo busca defender la postura sobre cómo el modelo fiduciario permitiría mejorar el vínculo entre ciudadanía y poder, facilitar mecanismos de control ciudadano más eficaces, y dotar de mayor legitimidad al ejercicio del poder político.

Para ello, el presente ensayo comenzará explicando los fundamentos conceptuales de la democracia representativa y fiduciaria, resaltando sus diferencias esenciales. Posteriormente, se analizará la realidad política peruana para evidenciar cómo el modelo actual ha erosionado la legitimidad y el por qué es necesario adoptar un enfoque fiduciario. Finalmente, se abordarán posibles objeciones y se argumentará que el propósito no es abolir la representación, sino reconfigurarla bajo una ética de la confianza. En suma, este ensayo parte de una premisa simple pero crucial: sin confianza no hay democracia, y sin deber fiduciario, la representación política se vacía de sentido.

II. Democracia representativa y fiduciaria: modelos en tensión

La democracia representativa es el modelo vigente en los sistemas políticos contemporáneos. Basada en el contrato social, se asienta en la delegación del poder mediante el voto, donde los ciudadanos eligen autoridades encargadas de tomar decisiones en su nombre. Esta tradición liberal clásica responde a la complejidad de las sociedades modernas, donde la participación directa resulta inviable. La ciudadanía, por lo tanto, no participa activamente en la elaboración de políticas públicas, sino que elige a una élite política que las formula y ejecuta.

Esta lógica institucional se sostiene en el principio del Estado de derecho, con límites normativos en el ejercicio del poder, y se legitima mediante procesos electorales periódicos. En el Perú, aunque formalmente se mantiene este esquema, en la práctica funciona más bien como una democracia delegativa, donde los representantes actúan con amplia autonomía y el vínculo con sus electores suele debilitarse rápidamente tras las elecciones.

Frente a esta realidad, la democracia fiduciaria—tema central de este ensayo— propone un nuevo enfoque, inspirado en la figura del fideicomiso del derecho privado. Según este modelo, los representantes no solo actúan en nombre del pueblo, sino como auténticos fiduciarios de su confianza, obligados a actuar con lealtad, rendición de cuentas y en beneficio del interés general. El poder ya no se concibe como una simple autorización electoral, sino como un encargo ético y limitado, que exige responsabilidad constante y transparencia. Esta concepción, impulsada por autores como Bruce Ackerman, sostiene que el incumplimiento de este deber fiduciario —evidente en casos de corrupción o clientelismo— constituye una traición a la confianza ciudadana y, por tanto, a la esencia misma del vínculo democrático.

Las diferencias entre ambos modelos resultan evidentes: mientras la democracia representativa se basa en la delegación formal del poder con control electoral periódico, la fiduciaria exige un control continuo, una participación activa y lealtad permanente. El interés partidario pierde protagonismo ante la obligación ética de actuar por el bien común. Así, la democracia fiduciaria no reemplaza a la representativa, sino que la complementa, reforzando su legitimidad en contextos donde la confianza en las instituciones está gravemente deteriorada, como ocurre en el Perú.

III. El caso peruano: representación sin responsabilidad

La crisis de legitimidad política que atraviesa el Perú es uno de los síntomas más evidentes del desgaste del modelo representativo tradicional. La democracia representativa, tal como ha sido implementada en nuestro país, ha fallado en generar una conexión efectiva entre las instituciones y la ciudadanía. Esta desconexión se expresa no solo en el desprestigio del Congreso –con niveles históricos de desaprobación–, sino también en un creciente caos institucional que obstaculiza una gobernabilidad estable. El conflicto recurrente entre los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial ha derivado en crisis políticas cíclicas, vacancias exprés y bloqueos sistemáticos. Como lo describe Gonzalo Zegarra Mulanovich (2024), este fenómeno puede entenderse como el paradigma del “problema de los tres cuerpos”: una constante competencia gravitacional entre los tres poderes del Estado –como si fueran estrellas orbitando– que ha convertido la política nacional en un sistema inestable y autodestructivo. Esta imagen revela con claridad cómo el modelo representativo actual no solo ha dejado de representar, sino que se ha vuelto un obstáculo para el funcionamiento democrático efectivo.

Uno de los principales déficits del sistema político peruano radica en el hecho de que sus representantes no actúan como fiduciarios del pueblo, sino movidos por intereses personales o partidistas. La lógica de la representación política se ha desvirtuado al punto de que, una vez electos, muchos congresistas actúan con una desconexión casi total respecto al mandato ciudadano –priorizando agendas particulares, negocios propios o estrategias de autopreservación política–. La idea de una autoridad investida de poder como encargo ético ha sido sustituida por una visión utilitaria del cargo público. Como advierte Herranz (2020), “los gobernantes no siempre rinden cuentas, ni cumplen su encargo popular” (p. 14), lo cual refleja una clara ruptura del vínculo fiduciario entre representantes y ciudadanía. Esta situación se agrava por la debilidad institucional que impide establecer sanciones políticas efectivas ante el incumplimiento de deberes representativos. Mientras los ciudadanos solo tienen la opción de “esperar cinco años” para castigar con el voto, los representantes operan –en muchos casos– sin control efectivo, favoreciendo intereses privados en detrimento del bien común.

Frente a este contexto de desconfianza y desvinculación, la democracia fiduciaria se presenta como una alternativa viable y necesaria para reconstruir el vínculo entre ciudadanía y poder político. Este modelo, al concebir la autoridad como un encargo basado en confianza, lealtad y rendición de cuentas, permite diseñar mecanismos más eficaces de control ciudadano. La idea central es simple pero transformadora: si el poder político es un encargo fiduciario, entonces debe ser vigilado, limitado y evaluado por quien lo confiere; es decir, el pueblo.

En contextos como el peruano, donde el desprestigio de instituciones clave como el Congreso es alarmante, este enfoque adquiere una relevancia crucial. Según Latinobarómetro (2020), la confianza en el Congreso ha caído por debajo del 20% en gran parte de América Latina, incluido el Perú, lo que subraya una desconexión crítica con el electorado.

Casos como los blindajes parlamentarios, las vacancias basadas en criterios políticos antes que jurídicos, o el rechazo sistemático a reformas populares, confirman que los actuales representantes no responden a un deber fiduciario esencial. Como señala Herranz (2020), “si la autoridad política se regula como una relación fiduciaria, los ciudadanos podrán ejercer un control más directo y transparente sobre sus gobernantes”. Por tanto, avanzar hacia este modelo permitiría instaurar mecanismos de vigilancia permanente —como la rendición de cuentas periódica, la participación ciudadana vinculante o incluso la revocatoria por incumplimiento—, consolidando así la legitimidad democrática desde sus cimientos.

IV. ¿Una idea irrealizable?: Críticas y matices a la democracia fiduciaria

Uno de los cuestionamientos más frecuentes hacia la propuesta de una democracia fiduciaria es su aparente redundancia, bajo el argumento de que el pueblo ya ejerce control a través del voto. Sin embargo, esta afirmación obvia que el sufragio periódico —cada cinco años en el caso peruano— no garantiza un vínculo constante ni un control efectivo sobre los representantes. Como puntualiza Herranz (2020), “sin medios para controlar la autoridad, la responsividad no será eficiente” (p. 14), lo cual subraya que la sola elección es insuficiente: se requiere un control ciudadano sostenido a lo largo de todo el mandato, no solo en la jornada electoral.

Otro contraargumento común sostiene que una democracia fiduciaria sería irrealizable o, incluso, utópica, debido a la dificultad de definir con claridad y operativizad los deberes fiduciarios, especialmente en contextos tan fragmentados y desinstitucionalizados como el peruano. Además, se argumenta que este modelo presupone una ciudadanía cívicamente activa, informada y vigilante, lo cual no siempre ocurre en la práctica. A ello se suman obstáculos como la corrupción, el conflicto de intereses o la baja cultura política, factores que podrían limitar su adecuado funcionamiento. No obstante, si bien estos desafíos son reales, no invalidan la necesidad del modelo fiduciario. Al contrario, refuerzan su justificación y promueven su implementación gradual a través de mecanismos concretos como la rendición de cuentas obligatoria, los presupuestos participativos, la revocatoria del mandato o la transparencia digital.

En esa misma línea, Suárez-Íñiguez (2005) subraya que los representantes deben mantener una discrecionalidad responsable, si bien basada en la confianza, siempre sujeta a estrictos mecanismos de control. Su postura, más que negar la democracia fiduciaria, la matiza: no exige una obediencia ciega a los electores, sino que busca equilibrar la autonomía del representante con su ineludible deber de rendir cuentas. Por tanto, lejos de ser una utopía, la democracia fiduciaria plantea una profunda reconfiguración ética del poder, plenamente compatible con la complejidad política, siempre que esté respaldada por instituciones sólidas y una ciudadanía cada vez más activa.

Además, como advierte Gonzalo Zegarra Mulanovich (2024), el objetivo no es excluir la democracia representativa en favor de una alternativa radical, sino más bien proyectar una transformación interna del modelo vigente. Para el autor, la clave reside en no abandonar la representación, sino en enriquecerla con sus atributos fiduciarios, lo cual permitirá fortalecer su legitimidad y funcionamiento. Así, la democracia fiduciaria no reemplaza, sino que complementa y potencia la representatividad existente, otorgándole un marco ético, transparente y de compromiso público que hoy resulta urgente e indispensable para el país.

V. Conclusión

La crisis de legitimidad política en el Perú ha puesto en evidencia los límites del modelo representativo tradicional, que ya no logra generar vínculos sólidos entre ciudadanos e instituciones. A lo largo de este ensayo, se ha sostenido que los representantes, al actuar con fines personales o partidistas, han debilitado el principio del bien común y fracturado el vínculo democrático. En este contexto, la propuesta de una democracia fiduciaria se presenta como una alternativa imprescindible: un modelo donde el poder no sea solo una delegación formal, sino un encargo ético sustentado en la confianza, la rendición de cuentas y la lealtad hacia la ciudadanía.

Reflexionar sobre el papel del poder público en medio de la desconfianza generalizada exige más que simples reformas institucionales superficiales; requiere un cambio profundo en la manera en que concebimos la representación política. No basta con votar cada cinco años: es necesario reconstruir la política desde una nueva ética de responsabilidad. Como se ha sostenido, la democracia fiduciaria no excluye a la democracia representativa, sino que la transforma y la fortalece, devolviéndole su sentido más genuino: ser un puente de confianza entre el pueblo y sus autoridades.

Por ello, es momento de abrir un debate nacional sobre cómo avanzar hacia este modelo inherentemente más exigente, pero también más justo y sostenible. El país necesita representantes que no solo ocupen cargos, sino que honren compromisos. Instituciones que no solo funcionen, sino que garanticen rendición de cuentas. Y, sobre todo, una ciudadanía que no solo vote, sino que activemente vigile, exija y participe. La democracia peruana no está condenada al fracaso, pero solo podrá perdurar si se funda en la confianza, la ética pública y una nueva concepción del poder como deber fiduciario. Es tiempo de hacer política desde el compromiso, no desde la conveniencia.

Referencias

Greco, T. (2013). La ley y la confianza. Fondo de Cultura Económica.
Herranz, A. (2020). Democracia republicana y autoridad política fiduciaria. Daimon. Revista Internacional de Filosofía, (81), 179–195. https://doi.org/10.6018/daimon.430271
Laín, B. (2020). Del derecho natural al pacto fiduciario: gobierno y propiedad en la economía política republicana. Isegoría, (62), 9–34. https://doi.org/10.3989/isegoria.2020.62.01
Latinobarómetro. (2020). Informe Latinobarómetro 2020: La confianza ciudadana en América Latina. Fundación Latinobarómetro. https://www.latinobarometro.org/lat.jsp
Mundó, J. (2017). La constitución fiduciaria de la libertad política. (Por qué son importantes las coyunturas interpretativas en la filosofía política). Isegoría, (57), 39–60. https://doi.org/10.3989/isegoria.2017.057.02
Suárez-Íñiguez, E. (2005). La verdadera democracia: Las características indispensables. Revista de Estudios Políticos, (127), 161–177. https://www.revistadeestudiospoliticos.com
Zegarra Mulanovich, G. (2024). La democracia del click y del TikTok. En F. Rospigliosi & C. Maguiña (Eds.), Ecología mediática y psicología política de las redes sociales (pp. 101–121). Editorial Planeta Perú S.A.